La Fiscalía General de la República presentó este jueves una demanda civil contra el exdiputado y exministro de Justicia y Seguridad Pública, Benito Antonio Lara Fernández, su hija y su esposa por el delito de enriquecimiento ilícito por $201.874.31.
El escrito fue presentado por fiscales de la Unidad Especializada de Delitos de Corrupción ante la Cámara Primera de lo Civil de San Salvador.
La Fiscalía solicita a la Cámara, además de condenarlo y devolver ese dinero al Estado, la inhabilitación para el exfuncionario a ostentar cargos públicos por un periodo de 10 años.
A Lara Fernández le demandan por 14 presuntas irregularidades en el primer periodo como diputado propietario, del 1 de mayo de 2009 al 30 de mayo de 2012, por la suma $33,989.33
Por el segundo periodo, del 1 de mayo de 2012 al 31 de mayo de 2014, por dos supuestas irregularidades que suman $16,900 por adquisición de vehículo y un resultado negativo de su ingreso (ganancia) y egreso por $53,751.11
Como ministro de Justicia en el período del 1 de junio al 20 de enero de 2016 por un saldo negativo de sus ingresos y gastos por $26,571.67.
En total como exfuncionario, la Fiscalía le reclama solo al exministro Lara la suma de $131,571.67.
Asimismo, la Fiscalía demandó a su esposa Ana Emilia Zelaya por dos supuestas irregularidades que suman $2,000 cuando su esposo fungió como diputado en el primer periodo en concepto de depósito de cuenta de ahorro desconociendo su origen.
A su hija Iliana Briseyda Lara Campos, la Fiscalía la demandó por dos presuntas irregularidades cometidas en el segundo periodo como diputado propietario por la suma de $68,202.67.
«Ahora es momento para que en el proceso judicial, justifique o desvanezca estás irregularidades que en su oportunidad no pudo desvanecer en la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia».
Fiscal del caso.