Amnistía Internacional (AI) denunció este jueves que el Gobierno de Estados Unidos cometió violaciones de derechos humanos durante operaciones federales de control migratorio desarrolladas en Washington DC, Chicago, Nueva Orleans y Mineápolis entre 2025 y 2026.
La organización llegó a estas conclusiones después de investigar las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y otras instituciones federales. Para su investigación realizó 154 entrevistas y analizó más de 30 pruebas audiovisuales. Los hallazgos aparecen en un informe de 130 páginas titulado «Teníamos silbatos, ellos tenían armas: Violaciones de derechos humanos en las operaciones de control migratorio de Estados Unidos y razones para disolver el ICE». AI señala discriminación racial, detenciones y arrestos discriminatorios y arbitrarios, hostigamiento, intimidación y uso ilegítimo de la fuerza, incluida fuerza letal.
La organización también denunció «represión de protestas pacíficas, uso ilegítimo de fuerza de letalidad reducida, vigilancia ilícita, condiciones de detención crueles, inhumanas y degradantes que podrían vulnerar la prohibición de la tortura, detención ilícita en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Posibles ejecuciones extrajudiciales
Según AI, el sistema de detención y deportación masiva del Gobierno de Donald Trump está impulsado por «discursos falsos, xenófobos y racistas» y «teorías de supremacía blanca». La organización sostiene que las operaciones analizadas estuvieron acompañadas de hostigamiento, intimidación, trato degradante y uso injustificado de la fuerza por parte de agentes federales.
El informe menciona como ejemplos de uso ilegítimo de fuerza letal los disparos contra Marimar Martínez y Silverio Villegas González, en Chicago; Julio César Sosa-Celis, Renee Good y Alex Pretti, en Mineápolis; y Philip Brown y Justin Bryant Nelson, en Washington DC. «Los homicidios ilícitos de Villegas González, Good y Pretti podrían constituir ejecuciones extrajudiciales», señala el documento.
En relación con las detenciones, AI asegura haber identificado un «patrón generalizado» de uso indebido de oficinas de campo, centros de procesamiento y edificios de organismos oficiales para mantener a personas detenidas durante períodos prolongados, algunas en «condiciones inhumanas» y bajo «coacción», situaciones que, según la organización, pueden constituir «tortura».
AI también documentó casos en los que detenidos no tuvieron acceso a asistencia jurídica ni contacto con sus familiares, mientras que abogados enfrentaron obstáculos para comunicarse con ellos. En algunas ocasiones, según el informe, el ICE se negó a confirmar si determinadas personas estaban bajo su custodia o a informar sobre su paradero, lo que la organización describe como «detención en régimen de incomunicación y posibles actos de desaparición forzada».
Amnistía considera que las vulneraciones documentadas no responden únicamente a actuaciones individuales de los agentes, problemas de formación o falta de supervisión, sino a un entorno institucional «apoyado abiertamente y ampliado por el gobierno de Trump». Por ello, sostiene que la «magnitud, la persistencia y el carácter estructural de estas deficiencias institucionales no pueden abordarse de manera adecuada mediante reajustes específicos» y considera «necesario» el «fundamental desmantelamiento» del ICE. La organización agregó que los operativos generaron temor entre comunidades migrantes y afectaron la normalidad en escuelas, centros de salud, templos, lugares de trabajo y vecindarios.