Entre mayo y junio, Bolivia registró movilizaciones callesjeras y bloqueos de carreteras contra el gobierno del presidente centroderechista, Rodrigo Paz. Campesinos, obreros y otros sectores señalaban a paz por no dar una salida a la peor crisis económica en el país en cuatro décadas. El gobierno denunció entonces un intento de alterar el «orden democrático» por parte de «narcoterroristas», y acusó a Morales de estar detrás de las medidas de presión.
«El día de hoy se ha librado una orden de aprehensión» contra Morales, en el marco de una pesquisa por los cortes de rutas, informó a la prensa Roger Mariaca, fiscal general del Estado. La Paz y El Alto fueron las ciudades más afectadas por las protestas, lo que provocó un agudo desabastecimiento.
Los precios de los alimentos se dispararon, las medicinas escasearon en los hospitales y en las gasolinas se formaron filas que llegaron a durar días. La investigación fiscal contra Morales parte de una denuncia hecha a inicios de julio por el Comité Cívico Pro Santa Cruz por los presuntos delitos de «terrorismo» y «alzamiento armado».
Este comité es una agrupación de empresarios y líderes civiles. A la denuncia luego se sumó el Ministerio de Gobierno. Esta es la segunda orden de captura vigente contra Morales, que está prófugo desde octubre de 2024. La policía ya lo buscaba por una acusación de presunta trata de una menor, con la que Morales habría tenido una hija cuando era presidente, un caso que él rechaza y denuncia como persecución.
El expresidente, de 66 años, se encuentra en la zona cocalera del Chapare, protegido por campesinos que montan guardias permanentes para evitar una incursión policial.