El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador resolvió ampliar por seis meses más el plazo de instrucción en el proceso penal contra el exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas, confirmaron fuentes judiciales a Diario El Mundo.

La ampliación fue autorizada a solicitud de la Fiscalía General de la República (FGR), con el objetivo de concluir pericias financieras y patrimoniales que forman parte de la investigación en curso por el delito de enriquecimiento ilícito, atribuido al exfuncionario.

Esta es la segunda ocasión en la que el tribunal concede una prórroga de seis meses dentro de la etapa de instrucción, manteniéndose vigente la detención provisional de Chicas. Con esta resolución, el período de investigación se extiende hasta julio de 2026, plazo en el que la Fiscalía deberá completar la recopilación y análisis de la información para avanzar hacia la audiencia preliminar.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la defensa del exmagistrado evalúa solicitar una audiencia de revisión de medidas, con el propósito de que se le concedan medidas sustitutivas a la detención, en atención a su situación personal y de salud.

Eugenio Chicas fue capturado el 13 de febrero de 2025, luego de dejar a su hijo en un centro educativo. La FGR lo acusa de haber incrementado su patrimonio de forma injustificada en más de $200,000, en perjuicio de la administración pública.

El 28 de febrero de 2025, el Juzgado Primero de Paz de San Salvador ordenó su detención provisional y remitió el proceso a la fase de instrucción. A petición de la Fiscalía, el caso fue declarado bajo reserva total.

Actualmente, Chicas permanece recluido en el Centro Preventivo y de Cumplimiento de Penas La Occidental, en el departamento de Santa Ana. Sus familiares han manifestado que padece enfermedades crónicas, como hipertensión arterial y diabetes, condiciones que —según afirman— han deteriorado su estado de salud.

El exmagistrado del TSE ya fue condenado en la vía civil por enriquecimiento ilícito en noviembre de 2024, cuando la Cámara Segunda de lo Civil de San Salvador ordenó que reintegrara más de $202,000, junto a miembros de su grupo familiar.

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