La represión ejercida por las fuerzas de seguridad iraníes contra las recientes manifestaciones ciudadanas ha dejado al menos 648 personas fallecidas, de acuerdo con cifras verificadas por la organización Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega. La entidad advirtió que el número real de víctimas podría ser mucho mayor debido a las restricciones informativas impuestas por el régimen.
Según IHR, la cifra corresponde únicamente a casos confirmados, ya que el corte casi total del acceso a internet durante varios días ha limitado severamente la posibilidad de verificar de manera independiente los reportes de muertes en distintas regiones del país.
El director de la organización, Mahmood Amiry-Moghaddam, señaló que existen estimaciones que sitúan el número de fallecidos por encima de las 6,000 personas, aunque aclaró que las condiciones actuales dificultan confirmar esa magnitud. En ese contexto, hizo un llamado a la comunidad internacional para que actúe ante lo que calificó como una represión masiva contra civiles desarmados.
Las protestas se originaron el 28 de diciembre, tras el colapso del rial iraní, que alcanzó un mínimo histórico frente al dólar, profundizando la crisis económica y disparando los precios de productos básicos como alimentos y combustible. Las primeras concentraciones se registraron en mercados del centro de Teherán y rápidamente se extendieron a más de 280 localidades en al menos 27 provincias.
Organizaciones de derechos humanos, como Human Rights Activists News Agency (HRANA), denunciaron desde los primeros días el uso de fuerza excesiva por parte del Estado, además de apagones de internet, detenciones masivas y amenazas de castigos extremos, incluida la pena de muerte. HRANA había reportado inicialmente alrededor de 500 víctimas mortales.
La escalada de violencia coincidió con cambios políticos y tensiones internas. El 29 de diciembre, el entonces presidente del Banco Central, Mohammad Reza Farzin, presentó su renuncia, mientras las fuerzas policiales recurrían al uso de gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. Al día siguiente, el presidente Masoud Pezeshkian sostuvo reuniones con líderes empresariales y prometió medidas para enfrentar la crisis económica.
Los episodios más graves se registraron el 1 de enero en la ciudad de Azna, en la provincia de Lorestán, donde imágenes difundidas en redes sociales mostraron incendios y detonaciones. También se reportaron muertes en Bakhtiari e Isfahán, así como el fallecimiento de un integrante voluntario de la fuerza Basij, vinculada a la Guardia Revolucionaria.
En el plano internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió públicamente que su país podría intervenir si continuaban los ataques contra manifestantes pacíficos, en medio de un clima de tensión bilateral tras recientes acciones militares estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes. Posteriormente, el mandatario aseguró que Teherán había manifestado disposición a entablar negociaciones.
Hasta el último recuento de activistas, el saldo mortal continuaba en aumento, reflejando la profundidad de la crisis social y política que atraviesa Irán.