COLOMBIA. El 21 de febrero del año 2022, centenares de pañuelos verdes se alzaron frente a la Corte Constitucional, en el centro de Bogotá, a modo de celebración por el histórico fallo que hizo ese organismo, a través de la sentencia C-055 de 2022, con la que se despenalizó el aborto en Colombia.
De acuerdo con datos de la Fiscalía, entre los años 2006 y 2019 se judicializaron a 350 personas por el delito de aborto simple, de ese total, 82 eran menores de edad para el momento de su confrontación con la justicia colombiana. La interrupción del aborto, que hasta antes del fallo era un proceso considerado como un delito, podía llevar a una persona a pagar una condena de entre 16 y 54 meses.
Esas cifras son tan solo la punta de un inmenso iceberg de historias de mujeres que, por decidir sobre sus propios cuerpos, fueron sometidas a procesos legales y juzgamientos sociales de todo tipo. Con el fallo, Colombia se puso sobre sí mismo un marco que lo cataloga como uno de los más garantistas del mundo respecto a ese tema, de acuerdo con lo que explicó Catalina Martínez Coral, directora regional del Centro de Derechos Reproductivos a Infobae Colombia.
Colombia, luego de la decisión de la Corte, “es tan solo superado por países como Canadá, Nueva Zelanda, el estado de Nueva York y algunos distritos de Australia” en lo que involucra al proceso del aborto.
“Queremos que el aborto deje de existir en el código penal”: Centro de Derechos Reproductivos tras el primer aniversario del fallo de la Corte
¿De qué se trata la determinación hecha por la Corte?
A través de la sentencia C-055 de 2022, se estableció que una persona no podrá ser criminalizada por abortar mientras lo haga en el rango de gestación que va hasta la semana 24. Luego de la semana 24, se aplicarán como causales válidas de aborto las que ya son conocidas desde el año 2006, es decir, abuso sexual o incesto, malformación del feto y riesgo para la salud de la madre.
¿Cómo acceder al proceso del aborto en Colombia?
De acuerdo con lo explicado por parte de Martínez Coral, es solo cuestión de solicitarlo. En este momento, y desde el 21 de febrero del 2022, la persona que decida someterse a la interrupción voluntaria de su embarazo puede realizarlo sin necesidad de argumentar sus razones. “Antes, por ejemplo, se pedía un certificado médico en el que se argumentara que la salud de la madre se encontraba en riesgo, o una denuncia penal en caso de abuso sexual. Hoy día eso no es necesario”, explicó.
¿Qué hacer en caso de que el proceso sea negado o tenga trabas para su realización?
Según detalla la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos a Infobae, cuando un especialista se niega, o pone muchos obstáculos para la realización del aborto, está incurriendo en una falta. Quien sea víctima de recibir una respuesta negativa frente a su solicitud voluntaria e informada, puede interponer una tutela. Martínez Coral hizo particular énfasis que el aborto, en medio de todo, es un servicio médico, por lo que su negación es un delito.
Lo que desea el movimiento que logró la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo es que el procedimiento sea visto como ‘lo que es’, un servicio de salud que debe estar regulado por políticas públicas
Lo que expone la directora regional del Centro de Derechos Reproductivos es que el fallo, entre otras cosas, le dio un giro al paradigma de lo que se entiende acerca del proceso del aborto. “Hoy en día lo estamos mirando como un tema de libertades individuales, autonomía reproductiva, es decir, ese derecho que tenemos todas las personas para decidir sobre nuestros proyectos de vida. Es un fallo que nos hizo ciudadanas plenas en esta democracia”, sentenció.
De acuerdo con lo que expuso la experta en su charla con este portal informativo, son tres pilares base que pueden ser mencionados a la hora de hacer un balance respecto al primer aniversario del fallo. El primero de ellos, argumenta, tiene que ver con la voluntad que manifestó tener el Gobierno para implementar la decisión de la Corte.
“Esto se materializó por diferentes resoluciones que ha sacado y emitido el Ministerio de Salud, especialmente la última, la resolución 051 del 2023 que lo que hace, básicamente, es presentar un marco regulatorio para profesionales de la salud, a lo largo del territorio, sobre cuáles son sus obligaciones sobre el fallo”, destacó.
Mujeres marchan durante el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hoy en Bogotá (Colombia). EFE/ Irene Escudero
En segunda medida, el acceso al procedimiento es otra forma de hacer un balance respecto a lo que ha ocurrido con el fallo durante el último año. Si bien, para el momento de la charla con Infobae, no hay cifras oficiales del todo el país, sí hay registros de la labor que ha hecho, por ejemplo, la fundación Oriéntame, una de las encargadas de prestar este servicio en el país. Según reportes de esa entidad al Centro de Derechos Reproductivos, el número de mujeres que han acudido a solicitar el proceso no ha aumentado de manera significativa.
De las mujeres que han pedido acceder al procedimiento, “la gran mayoría lo han hecho en las primeras doce semanas de gestación. Adicional a ello, ha habido un aumento de las personas que lo han hecho a través de sus EPS”. Tal y como lo dice Martínez, esto es evidencia de que el fallo les ha generado confianza a las mujeres para acercarse a los servicios de salud ‘de manera más oportuna a través del sistema de salud nacional’.
Como tercer y último rasgo para entender que ha sucedido en el último año, dice la experta, es importante revisar lo que se ha construido en lo que respecta a la despenalización social. “El movimiento Causa Justa siguió existiendo, se fortaleció, seguimos poniendo esto en el debate nacional, contribuyendo a formar y a informar a la opinión pública. Esto es de gran relevancia por que la decisión legal es importante, pero también lo es eliminar el estigma para que el fallo se implemente debidamente”, detalló.
En un futuro, según lo que expone Catalina Martínez Coral, lo que se quiere es que el aborto deje de estar en el código penal. “Qué deje de ser un delito, que lo podamos regular como lo que es, un servicio de salud que tiene que estar regulado a través de iniciativas de salud y políticas públicas de salud”, comentó en su charla con Infobae.
Dentro de lo más importante del proceso, dice Martínez Coral, está el haber puesto el tema sobre debate. “El objetivo del movimiento Causa Justa no solo era ganar un proceso ante la Corte, era crear una conversación sobre aborto, dando información objetiva, brindando argumentos, explicando cuáles son los mitos que existen (…) Esto nos ha permitido fortalecer una opinión pública que cada vez se robustece más”, concluyó.