El 19 de marzo de 2022, agentes policiales se encontraban realizando un control vehicular en el punto de inspección migratoria en la frontera Angüiatú, en Metapán, Santa Ana, cuando llegaron autoridades de migración de Guatemala en compañía de Raúl Ernesto Martínez Lara, de 31 años de edad, y de un adolescente de 15 años (ambos salvadoreños), quienes fueron encontrados después de cruzar un puente de hamacas del río Angue, intentando ingresar a Guatemala de manera irregular.
Al entrevistar al menor de edad, él declaró que junto a su papá pagaron a Raúl Ernesto Martínez para que fuera trasladado desde El Salvador hasta Guatemala, ya que su objetivo era llegar a los Estados Unidos para reunirse con su progenitor, por lo que Raúl Ernesto fue detenido en flagrancia por el delito de tráfico ilegal de personas.
El Tribunal Segundo de Sentencia de Santa Ana realizó vista pública en contra del imputado y tras valorar las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República lo declaró culpable y lo condenó a la pena de ocho años de prisión por tráfico ilegal de personas, en perjuicio de un adolescente de 15 años de edad.