El expresidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (Indes), Jorge Ernesto Hernández Issusi, junto a su exesposa fueron condenados civilmente a resarcir al Estado, por el delito de enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía General de la República había acusado a los exesposos por $204,511.49 cuyo origen no había sido justificado en las declaraciones patrimoniales presentadas ante la sección de Probidad, de la Corte Suprema de Justicia; sin embargo, la Cámara redujo ese monto en $12,595 y los condenó a devolver $191,916.49.

Hernández Issusi deberá restituir $156,000 al Estado salvadoreño, mientras que su exesposa, Patricia Antonia de Hernández, debe regresar $35,916.49. Issusi fue presidente del Indes en la administración de Elías Antonio Saca, entre 2004 y 2009.

Con la condena civil, Isussi y su esposa fueron inhabilitados para ser funcionarios públicos por 10 años, como establece la Constitución y la Ley contra el Enriquecimiento Ilícito.

Según los fiscales, la Sección de Probidad de la detectó 11 supuestas irregularidades al exfuncionario, algunas en concepto de depósitos bancarios, adquisición de inmuebles y $156,000 por “sobresueldos” que en sede administrativa y judicial ha aceptado que recibió de parte de la Presidencia de la República en el gobierno de Saca.

El 23 de mayo de 2019, la Corte Suprema de Justicia en pleno ordenó que el exfuncionario y su esposa fueran sometidos a un juicio civil por el supuesto incremento patrimonial no justificado.

El expresidente del Indes, en la fase de investigación administrativa, reconoció que el monto que supera la justificación de sus ingresos fue pagado en concepto de compensaciones o gratificaciones del expresidente Saca por trabajar más de las ocho horas diarias de su jornada.

Aparentemente, el exfuncionario recibió $2,600 mensuales por las extras que le demandaba su cargo.

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