El presidente Nayib Bukele pidió la madrugada de este miércoles 25 de mayo una nueva prórroga de 30 días al régimen de excepción para continuar su ofensiva en contra de las pandillas, que ya deja más de 34,000 detenidos en El Salvador.

La cuenta de Twitter de Casa Presidencial informó que Bukele se reunió junto al Gabinete de Seguridad y, luego de «analizar los resultados de los dos meses del régimen de excepción», acordaron pedir al Consejo de Ministros que solicite una prórroga a la Asamblea Legislativa.

El Presidente Nayib Bukele se encuentra reunido con el Gabinete de Seguridad. Luego de analizar los resultados de los dos meses del Régimen de Excepción, pedirán al Consejo de Ministros que solicite a la Asamblea Legislativa su prórroga».

Casa Presidencial

La reunión, celebrada en horas de la madrugada, fue privada y sin acceso a la prensa. La fotografía publicada por la Presidencia, sin embargo, muestra al fiscal general, Rodolfo Delgado; al ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, el ministro de Defensa, René Merino Monroy, y el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas.

A través de su cuenta de Twitter, Bukele ya había sugerido una ampliación de las medidas para suspender derechos constitucionales. «Estamos logrando lo que nadie pensó que sería posible. Seguimos…», escribió el mandatario, acompañando el mensaje con un video en el que se observan portadas del oficialista Diario El Salvador, sobre las bajas en la cifra de homicidios en el gobierno de Bukele.

La Asamblea Legislativa también adelantó su disposición a prorrogar las medidas de Bukele, decretadas el 27 de marzo tras un repunte de homicidios que dejó 87 personas asesinadas en tres días.

A pesar que la escalada de violencia fue controlada y ya se registran varios días sin homicidios, las medidas continuarán. Al menos hasta el 25 de junio, quedarán suspendidos cuatro derechos constitucionales: la libertad de asociación, derecho de defensa, el plazo de la detención administrativa de 72 horas y la inviolabilidad de la correspondencia y de las telecomunicaciones.

El régimen ha sido duramente cuestionado por parte de organismos de derechos humanos como la ONU, Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Cristosal, que señalan capturas arbitrarias de cuerpos de seguridad y tortura en las cárceles.

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