Las investigaciones iniciaron en 2021, cuando la Fiscalía General de la República daba seguimiento a clicas de la MS-13. Sus miembros buscaban contactar a esta estructura para huir del Régimen de Excepción y llegar ilegalmente a Estados Unidos. Los imputados cobraban entre 10,000 y 15,000 dólares por persona a cambio de facilitarles el traslado. La estructura operaba desde Metapán, en zonas aledañas al lago de Güija, y también desde el cantón Cara Sucia.
La Fiscalía General de la República cuenta con suficientes pruebas para demostrar la participación de los 17 procesados en los delitos de tráfico ilegal de personas y agrupaciones ilícitas.
