Transportaban varias porciones de marihuana y cocaína. El Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional para cinco procesados por los delitos de tráfico ilícito, contemplado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública, y resistencia agresiva, en perjuicio de la administración de justicia y, subsidiariamente, en perjuicio de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los imputados son identificados como Francisco Stanley P. L., Kevin Alberto V. I., Diego Alejandro P. P., René Alfonso R. R., de nacionalidad guatemalteca, y Moisés Eliseo A.M. A Francisco Stanley también se le atribuye el delito de daños agravados, en perjuicio de la PNC.
Los hechos habrían ocurrido el 1 de octubre de 2026, cuando agentes de la División Antinarcóticos de la PNC realizaban tareas de investigación para combatir el narcomenudeo en las cercanías de la prolongación de la alameda Juan Pablo II, frente a la colonia Altos de la Escalón, en San Salvador. En ese lugar, observaron a cinco personas que se dirigían hacia un vehículo estacionado.
Al intentar intervenirlos, les ordenaron bajar los vidrios y bajarse del automóvil. Sin embargo, los ocupantes reaccionaron de manera evasiva e hicieron maniobras con el vehículo para embestir a los agentes y darse a la fuga. Ante esta situación, los agentes, en defensa propia, realizaron disparos de persuasión hacia las llantas del automóvil e iniciaron una persecución.
El vehículo fue intervenido sobre la avenida Los Olivos y calle El Escorial, en San Salvador, después de que, durante la huida, chocara contra otro vehículo estacionado. Los ocupantes fueron retirados del vehículo mediante el uso de la fuerza física e identificados.
Durante la requisa del automóvil, se encontraron varias porciones de cocaína y marihuana, $275 en efectivo, un arma de fuego tipo fusil calibre 5.56 mm y un cargador metálico con 21 cartuchos.
En la audiencia inicial, el juzgador determinó que los indicios presentados acreditaban la existencia de los delitos y la probable participación de los imputados en los hechos atribuidos. Asimismo, consideró que existía el riesgo de que los procesados intentaran evadir la acción de la justicia, por lo que ordenó que continuaran detenidos mientras el proceso avanza a la siguiente etapa.