Dos abogados salvadoreños solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) y al Ministerio de Relaciones Exteriores que intervengan ante una serie de decisiones emitidas por el juez federal Lewis A. Kaplan, las cuales, según los denunciantes, afectan procesos judiciales abiertos en El Salvador.
La petición fue presentada mediante escritos dirigidos a ambas instituciones, en los que los representantes legales de Terra Towers Corp. y TBS Management plantean una protesta formal por lo que consideran actos de injerencia.
Las sociedades son subsidiarias en El Salvador de Continental Towers Latam Holdings Limited, empresa que proporciona infraestructura para telecomunicaciones en ocho países de Latinoamérica, y que es el centro de un conflicto entre socios por el control de la empresa que involucra principalmente a la compañía estadounidense TPG Peppertree.
Esta disputa dio origen a un arbitraje en Nueva York cuyas resoluciones han sido respaldadas por Kaplan. Los abogados pidieron que las actuaciones sean comunicadas al Gobierno de Estados Unidos y que las autoridades salvadoreñas evalúen la presentación de una protesta por la vía diplomática.
El arbitraje en Nueva York fue promovido por Telecom Business Solution LLC y Latam Towers LLC, identificadas en los documentos como Peppertree, junto con AMLQ Holdings (Cay), Ltd., vinculada en los escritos con Goldman Sachs.
Los apoderados legales salvadoreños expresan que Continental Towers El Salvador y Collocation Technologies El Salvador no participaron en ese procedimiento arbitral. Pese a ello, sostienen que las decisiones adoptadas en Nueva York termina ron generando consecuencias sobre ambas subsidiarias y sobre actuaciones iniciadas ante instituciones judiciales salvadoreñas.
Una de las resoluciones señaladas fue emitida el 21 de abril de 2025. Según la protesta, Kaplan ordenó que se desistiera de un amparo presentado ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia y que se revocara un arbitraje iniciado ante la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador.
La orden contemplaba multas coercitivas a partir de $10,000 diarios, las cuales podían incrementarse cada 14 días mientras se mantuviera el incumplimiento. Los abogados afirman que esa presión económica llevó a la representante legal de Continental Towers El Salvador a desistir del proceso constitucional.
El conflicto avanzó el 21 de enero de 2026, cuando Kaplan autorizó la entrega de las acciones que Terra Towers y TBS Management poseían en Continental Towers Latam Holdings.