El gobierno de Nicaragua mantiene a por lo menos una treintena de personas en «desaparición forzada», un arma que utiliza para «aplastar» a la oposición, denunció este martes un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
El mandatario Daniel Ortega, un exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa y copresidenta Rosario Murillo, de 75, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas en 2018 que dejaron unos 300 muertos, según la ONU.
Desde entonces se registran 161 casos de «desaparición forzada» y la muerte de ocho personas detenidas por motivos políticos, señaló un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de Naciones Unidas, que estima que la cifra de desaparecidos puede ser superior.
Al menos 29 de esas personas continuaban en paradero desconocido al 31 de agosto pasado, detalló el reporte, que asegura que esta práctica constituye un crimen de «lesa humanidad».