El imputado es acusado de estafa y ejercicio ilegal de profesión en perjuicio de dos víctimas. El Juzgado Primero de Instrucción de Santa Ana decretó apertura a juicio y ratificó la detención provisional contra Carlos Orestes D., de 48 años, acusado de los delitos de estafa y ejercicio ilegal de profesión, en perjuicio de dos víctimas.
Según el dictamen de acusación, uno de los hechos ocurrió en diciembre de 2020, cuando una empresa publicó en un periódico un anuncio en el que solicitaba los servicios de un ingeniero industrial o en alimentos.
Tras conocer la oferta laboral, el imputado se comunicó al correo electrónico indicado en el anuncio y ofreció sus servicios como ingeniero industrial. El 1 de enero de 2021, el representante legal de la empresa entrevistó al acusado, quien presentó una fotocopia de un supuesto título universitario, su hoja de vida y dos diplomas en fotocopia, extendidos por diferentes entidades.
El representante de la empresa le explicó que la contratación estaba relacionada con un proyecto nuevo de sanitización y desinfección de alimentos, así como la fabricación de una sustancia química. El procesado se encargaría de capacitar, validar y certificar al personal en estas áreas.
A raíz de ello, celebraron el respectivo contrato de trabajo y el imputado comenzó a laborar en enero de 2021. Durante ese período, habría cobrado por impartir capacitaciones al personal y solicitado otros pagos destinados a la fabricación de los sellos que entregaría a los trabajadores.
En total, el propietario de la empresa denunció un perjuicio económico de $83,500.
El segundo caso habría ocurrido el 22 de mayo de 2024, cuando María A., de 40 años, publicó en Facebook un anuncio para alquilar una vivienda en Santa Ana Centro.
Poco después, Carlos Orestes la contactó y manifestó estar interesado en la vivienda. El hombre se presentó como médico y afirmó que necesitaba trasladarse de San Salvador a Santa Ana por motivos laborales.
El 8 de junio de 2024, ambos se reunieron para visitar la vivienda y suscribir el contrato de arrendamiento. Sin embargo, en lugar de entregar el dinero correspondiente al pago, el imputado ofreció a la propietaria pagar el alquiler con supuestos productos médicos para adelgazar.
Días después, le propuso venderle otros artículos, para lo que debía entregarle $400. Confiando en lo ofrecido por el imputado, la víctima realizó varios depósitos bancarios que sumaron $370.
Cuando llegó el momento de entregar los productos, el imputado habría bloqueado todos los medios de comunicación con la víctima.