El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador enjuicia al exalcalde de Apopa, José Elías Hernández, por el delito de peculado (apropiarse de fondos públicos) y negociaciones ilícitas.
El exalcalde y otros dos procesados enfrentan un proceso penal ordinario, en su momento el exfuncionario tuvo la intensión de admitir los delitos a través de un procedimiento abreviado, pero al final no prosperó ya que uno de los principales requisitos y más importantes para un imputado que busca una salida alterna, es devolver al Estado el dinero sustraído, a Hernández la Fiscalía pretende que pague en concepto de responsabilidad civil los $591,000 que supuestamente se apropió.
El exalcalde de Apopa por el partidos ARENA, es señalado por el ministerio público de contactar a testigos y ofrecerles dinero para que no llegaran a declarar en un juicio en su contra. El expediente habla de una red creada para desviar fondos públicos y cometer una serie de delitos. Según la acusación, Elías Hernández se apropió junto a otras personas de $591,000.
Los hechos fueron consumados entre el 2013 al 2016, una de las formas de apropiación de fondos fue cuando Hernández supuestamente ordenó que las compras de insumos de la alcaldía de Apopa se le hicieran a su esposa Evelinda de Serrano, quien tenía un negocio de suministros. Después cambió la modalidad y De Serrano ya no entregaba los suministros, sino que se falsificaba las órdenes de compras en procesos de libre gestión para justificar la erogación de fondos que recibía su esposa.
Según la Fiscalía fueron entregados $350,000 en facturas a cambio de suministros, mientras que en los otros $291,000 no se otorgaron productos ya que se alteraron las facturas haciendo ver que se entregó el material requerido.
Escuchas telefónicas, testigos y peritajes, son parte de la prueba que la Fiscalía ha presentado para probar los ilícitos que supuestamente cometió el exalcalde de Apopa, Elías Hernández.
La indagación fiscal menciona una serie de mecanismos que el exalcalde Hernández implementó durante su gestión y que fueron avaladas por miembros de su concejo municipal, así como empleados de las secciones como UACI y tesorería de esa alcaldía, para que se le efectuaran compras por libre gestión.