Cinco salvadoreños perfilados por las autoridades como integrantes de la pandilla Barrio 18 y la Mara Salvatrucha que se encontraban de manera irregular en territorio mexicano fueron capturados y entregados a las autoridades de Guatemala para su posterior deportación a El Salvador. La Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala informó que la División Nacional contra el Desarrollo Criminal de las Pandillas (Dipanda) en coordinación con autoridades mexicanas, recibieron a los pandilleros expulsados en Frontera El Carmen, en el municipio de Malacatán, departamento de San Marcos, colindando directamente con el municipio de Talismán, Chiapas, México.
Posteriormente, los individuos fueron trasladados bajo custodia policial hacia la frontera San Cristóbal, Jutiapa, donde serán entregados a las autoridades salvadoreñas en el punto fronterizo de San Cristóbal en el departamento de Santa Ana, El Salvador. Este grupo de mareros tiene cuentas pendientes con las autoridades salvadoreñas y serán sometidos a los procesos correspondientes. Ellos son, Remberto Ismael Colindres Rajo, de 37 años, alias Little Man, con antecedentes por agrupaciones ilícitas y extorsión agravada.
Diego Omar Cañas Méndez, de 27 años, alias Omar, integrante de la MS. Según las investigaciones de Inteligencia, este sujeto pretendía establecer nexos con un cartel mexicano para la distribución de armas de fuego. También, Josué Antonio Acevedo Cruz, de 28 años, integrante de la MS enfrentará proceso por agrupaciones ilícitas. Carlos González, de 48 años, alias Kriky, Cachucha o Humilde, integrante de la pandilla 18 y enfrenta cargos por pertenecer a agrupaciones ilícitas.
Además, Roberto Jandres Jandres, de 30 años, alias Adobe, es integrante del Barrio 18. En El Salvador registra antecedentes por homicidio agravado, privación de libertad, organización terrorista y resistencia. La detención y posterior expulsión de estos pandilleros es el resultado de la coordinación internacional para fortalecer el control fronterizo y prevenir que personas vinculadas con estructuras criminales ingresen o permanezcan en territorio extranjero. Por lo anterior, son entregados a las autoridades competentes para el cumplimiento de procesos penales o las condenas correspondientes luego de aplicado el debido proceso.