Hasta con 26 años de cárcel fueron sentenciados dos exagentes de la Policía Nacional Civil, y una mujer, por el delito de extorsión.
El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla declaró a Armando Alonso Meléndez Rodríguez y Raúl Alonso Pérez Cruz, así como a la civil Yesenia Elizabeth Meléndez, a penas de 26, 18 y 16 años de prisión, respectivamente.
La investigación determinó que los tres imputados colaboraron de forma organizada para exigir y recoger el dinero ilícito en un negocio de Santa Tecla.
De acuerdo con las investigaciones fiscales, a mediados de octubre de 2022, la víctima denunció que, tras concretar un negocio por más de $700,000, comenzó a recibir amenazas de parte de los entonces, policías destacados en Santa Tecla.
Los agentes le exigían el pago de entre $2,000 y $5,000 mensuales, bajo el chantaje de que con ello evitaría ser capturado en el marco del Régimen de Excepción. «Por temor a ser detenido, entregó el dinero de forma periódica hasta julio de 2023», detallaron fuentes judiciales.
Además de la pena de prisión por extorsión agravada, Meléndez Rodríguez fue condenado por el delito de cohecho propio y deberá pagar $33,500 en concepto de responsabilidad civil, mientras que los otros dos imputados fueron absueltos civilmente.
La Corporación policial ha reiterado en varias ocasiones que no tolerarán este tipo de acciones abusivas ni conductas de policías que contravengan la ley y los principios de la institución.
«No vamos a tolerar a ningún mal elemento que traicione la confianza que la población ha depositado en nuestra institución», ha reiterado la Policía en diversas publicaciones.
Es así como en abril pasado, el Tribunal de Sentencia de Usulután resolvió aplicar 12 años de prisión en contra del exagente de la Policía, Cirilo Humberto Pérez Mejía, por el delito de extorsión agravada, en contra de una víctima a quién exigía dinero o caso contrario, la amenazó con capturarla de manera ilegal.
Según el informe judicial, Pérez Mejía, en diciembre de 2023, empezó a solicitar dinero prestado a la víctima en el cantón El Marquetazo del distrito de Santiago de María, en Usulután. Sin embargo, en abril de 2024, la víctima se negó a seguir prestándole dinero en reiteradas ocasiones. Fue en ese momento que el exagente, valiéndose de su cargo, comenzó a emitir amenazas de capturarlo ilegalmente, sino accedía a entregarle más efectivo.