Uno de los imputados recibió ocho años de prisión y deberá pagar $5,000 a la víctima; su hermano fue sentenciado como cómplice.
El Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador condenó a dos hermanos por el delito de tráfico ilegal de personas, tras comprobar su participación en un caso de migración irregular hacia Estados Unidos ocurrido en 2023.
El principal acusado, José Abel Renderos Mejía, fue sentenciado a ocho años de prisión por tráfico ilegal de personas en perjuicio de la humanidad. Además, el tribunal le impuso el pago de $5,000 en concepto de responsabilidad civil a favor de la víctima. El imputado se encuentra actualmente en condición de rebelde.
Su hermano, Manuel Ernesto Renderos Mejía, fue condenado a cinco años de cárcel como cómplice no necesario, y deberá pagar $500 por responsabilidad civil.
Ofrecieron traslado ilegal a EE. UU. por $11,500
Según los hechos probados durante la vista pública, el 17 de agosto de 2023 la víctima se reunió con José Abel Renderos Mejía en una gasolinera del bulevar de Los Próceres, en San Salvador. En ese encuentro, el condenado se comprometió a trasladarlo de manera ilegal hacia Estados Unidos, a cambio de $11,500, monto que sería cancelado en varios pagos.
Cruces por puntos ciegos y abandono en México
El testimonio de la víctima reveló que el viaje comenzó con un cruce legal hacia Honduras; sin embargo, para continuar el trayecto hacia Guatemala y México, los imputados utilizaron puntos ciegos, evadiendo los controles migratorios.
El recorrido terminó de forma abrupta cuando la víctima fue abandonada en territorio mexicano, sin apoyo logístico ni garantías para llegar al destino acordado.
Pagos en efectivo y transferencias bancarias
Durante el juicio, familiares de la víctima declararon sobre los pagos realizados a los imputados, los cuales se efectuaron en efectivo y mediante transferencias bancarias. Una de estas transferencias fue realizada a una cuenta a nombre de Manuel Ernesto Renderos Mejía, lo que permitió al tribunal acreditar su participación directa en el delito.
La condena reafirma el criterio de las autoridades judiciales salvadoreñas de combatir el tráfico ilegal de personas, uno de los delitos asociados a la migración irregular y a graves vulneraciones de derechos humanos.