En el marco del inicio del año lectivo, la Defensoría del Consumidor ha intensificado operativos de verificación en establecimientos comerciales a nivel nacional, con el fin de asegurar que los precios de útiles escolares y productos relacionados se mantengan dentro de los parámetros legales y que la información ofrecida a los compradores sea clara y veraz.
El presidente de la institución, Ricardo Salazar, explicó que estas acciones forman parte de una estrategia preventiva orientada a proteger la economía de las familias, tanto de estudiantes del sistema público como privado, durante la temporada de mayor demanda de artículos escolares.
Los equipos de inspección se encuentran desplegados en librerías, almacenes y comercios que comercializan cuadernos, mochilas, uniformes, computadoras y otros dispositivos tecnológicos, verificando el cumplimiento de la normativa de protección al consumidor y detectando posibles irregularidades, como publicidad engañosa o promociones poco transparentes.
Salazar señaló que uno de los principales puntos de control es que los precios estén visiblemente exhibidos, que las ofertas indiquen con precisión sus condiciones y que los términos de garantía sean informados de manera adecuada. También advirtió que se han detectado casos en los que se anuncian descuentos por la compra de listas escolares completas, pero algunos productos quedan excluidos de las rebajas, situaciones que ya están siendo atendidas por la Defensoría.
Como parte del trabajo de monitoreo, la institución mantiene actualizado el observatorio de precios de útiles escolares, una herramienta que recopila información de más de 6,500 productos y permite a los consumidores comparar costos antes de realizar sus compras.
De acuerdo con los datos recabados, un mismo artículo puede presentar variaciones de precio de entre el 15 % y el 20 % dependiendo del establecimiento. Ante ello, la Defensoría recomienda a la población consultar distintas opciones dentro de las tiendas y no limitarse a los productos promocionados, ya que en algunos casos se prioriza la venta de marcas con precios más elevados.
Finalmente, el funcionario recordó que cualquier ajuste en cuotas de matrícula o mensualidades escolares debe ser aprobado previamente por los padres de familia, conforme a la Ley General de Educación, la cual establece la obligación de convocar a una asamblea y obtener el respaldo de la mayoría para autorizar incrementos.