Las autoridades de seguridad informaron que 90,844 personas han sido detenidas en el marco del régimen de excepción desde su implementación el 27 de marzo de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2025, según datos actualizados del Gabinete de Seguridad.
Del total de capturas, el ministro de la Defensa Nacional, René Merino, detalló que 6,584 personas fueron detenidas únicamente durante el año 2025, como parte de las acciones de seguridad ejecutadas a nivel nacional.
El pasado 23 de diciembre, la Asamblea Legislativa aprobó la 46ª prórroga del régimen de excepción, el cual inició el 1 de enero y finalizará el 30 del mismo mes. Para esa fecha, las autoridades reportaban 90,600 detenidos, todos presuntamente vinculados con estructuras de pandillas.
Merino explicó que las detenciones forman parte del Plan Control Territorial, estrategia que también ha permitido importantes incautaciones. Entre los bienes decomisados se contabilizan más de 11,000 vehículos, los cuales, según el funcionario, han impactado directamente en los resultados de seguridad.
“Obviamente, quitarle más de 11,000 vehículos a los delincuentes ha tenido una incidencia directa en los resultados que estamos hablando”, sostuvo Merino durante una conferencia de prensa en la que también se confirmó que en 2025 se registraron 82 homicidios a nivel nacional.
Asimismo, el ministro señaló que las autoridades han incautado 23,990 teléfonos celulares, considerados por el Gobierno como “una herramienta importante para la delincuencia”, además de 5,180 armas.
Ante las voces que solicitan el fin del régimen de excepción, Merino defendió la continuidad de la medida:
“De no seguir con esa política de seguridad con el régimen de excepción, habría sido imposible ubicar a 6,584 delincuentes, es decir que aunque el país esté viviendo en paz y en tranquilidad, siempre hay delincuentes que huyen de la justicia y andamos junto con la policía tras de ellos. La misión es erradicar de El Salvador a las maras y pandillas”, afirmó.
Actualmente, el régimen de excepción mantiene suspendidas tres garantías constitucionales, relacionadas con el derecho de defensa, el plazo máximo de detención administrativa y la inviolabilidad de las telecomunicaciones.