El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología (Mineducyt) adjudicó una millonaria compra de calzado escolar a la empresa brasileña Calçados Beira Río S.A., como parte del programa estatal de dotación de uniformes, zapatos y útiles escolares.

De acuerdo con el portal Comprasal, sistema electrónico de compras públicas de El Salvador, el proceso 3100-2025-P0309, fechado el 27 de noviembre de 2025, incluye dos montos adjudicados: $13,682,760 y $3,000,000, ambos asignados a la misma compañía extranjera.

Al revisar las adjudicaciones publicadas como “acciones” en la plataforma, se detalla que el Ministerio recurrió a una contratación directa con carácter de urgencia. El monto planificado ascendía a $16,682,760, mientras que el monto certificado fue de $3 millones. Aunque Comprasal no publica los contratos, sí identifica como beneficiarios finales a Maribel Christiane da Silva y Clovis Moacir Gruhike, ambos de nacionalidad brasileña. En el proceso también participaron las empresas HS Inversiones y Distribuidora Económica.

El Gobierno salvadoreño mantiene un acuerdo financiero con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el cual incluye compromisos de transparencia en las compras públicas, lo que mantiene bajo observación procesos de este tipo.

Otros procesos de compra de calzado escolar en 2025

En junio de 2025, el Mineducyt adjudicó mediante comparación de precios una compra de $16,975.50 para la adquisición de zapatos escolares destinados a estudiantes de distintas modalidades. En ese proceso, el monto planificado era de $80,324.80 y la beneficiaria final fue Elizabeth Hernández Guardado.

Según la memoria de labores de la institución, entre junio de 2024 y mayo de 2025 el Ministerio pagó más de $52.9 millones a proveedores de uniformes, calzado y útiles escolares, beneficiando a 1,026,970 estudiantes. De ese total, $52.8 millones se destinaron exclusivamente al suministro de útiles, calzado, uniformes y tela para confección de uniformes.

En febrero de 2024, proveedores de insumos escolares denunciaron retrasos de hasta ocho meses en los pagos, lo que afectó la entrega oportuna de productos a centros educativos.

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