El Tribunal de Sentencia de San Vicente volvió a reprogramar la entrega de la sentencia escrita del caso Santa Marta, en el que ocho habitantes de la comunidad, ubicada en Victoria, Cabañas, fueron procesados por el asesinato de una mujer ocurrido en 1989 y posteriormente absueltos.
La resolución debía ser entregada este 28 de noviembre de 2025; sin embargo, el tribunal informó que el documento aún se encuentra en revisión y que existen otros compromisos en agenda. Por ello, la entrega de la sentencia absolutoria fue fijada para el 19 de diciembre del presente año.
En el documento oficial, el tribunal señaló: «Se procederá a reprogramar nueva fecha para su entrega, dado que la misma se encuentra en revisión, y en virtud de la Convención Judicial año 2025, en ese sentido no es posible la entrega de la copia de la sentencia en el plazo establecido».
Una sentencia que ya se había retrasado
Originalmente, la entrega de la sentencia absolutoria estaba prevista para el 8 de octubre de 2025, tras un juicio realizado en julio y un fallo absolutorio dado a conocer en septiembre. En esa ocasión, también se informó que el documento seguía en proceso de redacción.
Los hechos del caso Santa Marta
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó a Fidel Dolores Recinos Alas, Saúl Agustín Rivas Ortega, José Eduardo Sancho Castañeda, Alejandro Laínez García, Teodoro Antonio Pacheco, Miguel Ángel Gámez, Pedro Antonio Rivas Laínez y Arturo Serrano Ascencio del asesinato de María Inés Alvarenga, ocurrido el 22 de agosto de 1989, cuando los señalados pertenecían a la Resistencia Nacional durante el conflicto armado.
Durante la vista pública, el Ministerio Público presentó la declaración del testigo protegido “Soriano”, quien afirmó la participación de los imputados en el secuestro, tortura y asesinato de la mujer en un campamento guerrillero ubicado en la Hacienda Guayabal, en Santa Marta.
Según la acusación fiscal, los excombatientes del FMLN habrían sacado a la mujer de su casa, trasladado al campamento y posteriormente le habrían quitado la vida.
Pruebas insuficientes y absolución
A pesar de los señalamientos, los jueces concluyeron que las pruebas presentadas fueron “insuficientes” para establecer la responsabilidad penal de los ocho acusados. Por ello, los declararon absueltos y ordenaron levantar las órdenes de captura, previamente giradas cuando los imputados no se presentaron al inicio del juicio.
Tras conocerse el fallo oral, miembros de la Asociación para el Desarrollo Económico y Social (ADES) afirmaron que los ambientalistas involucrados permanecen fuera del país y que no regresarán hasta que la sentencia absolutoria quede en firme.
Un proceso marcado por apelaciones
El caso inició el 11 de enero de 2023, cuando los ambientalistas fueron detenidos en Santa Marta y Guacotecti, Cabañas. Los imputados ya habían sido absueltos en octubre de 2024 por el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, pero la Cámara Penal de Cojutepeque ordenó repetir el juicio tras una apelación presentada por la Fiscalía.