Las organizaciones no gubernamentales Cristosal y Transparencia, Contraloría Social y Datos Abiertos (Tracoda) coinciden en que es necesario que se reforme la legislación penal para regular como delito el financiamiento ilícito de partidos políticos y candidatos, especialmente durante las campañas electorales.
Cristosal asegura que la corrupción es un fenómeno capaz «mutar o adicionar nuevas prácticas» como hacer uso de criptoactivos «para fondos ilícitos, blanquear capitales y financiar ilegalmente» a institutos políticos o candidatos, por ello considera necesario «reformar la ley penal para regular como delito el financiamiento ilícito de partidos y candidatos».
Villaherrera asegura que el Tribunal «es de resaltar que este se ha mostrado muy pasivo, siendo poco diligente» con la investigación sobre las finanzas de los partidos, al igual con el acceso a la información «en los que el TSE se ha negado a sancionar o tramitar casos de partidos que se niegan a divulgar datos de sus donantes».
En marzo de 2022, el entonces magistrado Julio Olivo propuso reformas para que las donaciones en bitcoin para campañas de partidos y candidatos fueran reguladas pues consideraba que esto podía generar “desigualdades y asimetrías entre los partidos” y candidatos.
Un mes antes de dejar sus cargos, los exmagistrados del TSE habilitaron la Unidad de Fiscalización del Financiamiento de los Partidos Políticos para «promover la transparencia en el financiamiento» de los institutos y designaron una comisión temporal para encargarse de la unidad. Los nuevos magistrados aún no han informado quiénes asumirán la ejecución de esta unidad.
La Ley de Partidos Políticos obliga a los institutos a poner a disposición de la Corte de Cuentas de la República (CCR) la información sobre su financiamiento público; y a disposición del TSE y Hacienda, su financiamiento público y privado «sin necesidad de que medie el consentimiento de los donantes al final de cada ejercicio fiscal».