La Fiscalía General de la República (FGR) procesa a Rebeca Gabriela Rosales Gómez, una joven de 25 años de edad, originaria de San Santa, acusada del delito de aborto consentido y propio, en perjuicio de la vida de un feto de 20 semanas.
La acusación fue presentada ante el Juzgado Segundo de Paz de Santa Ana, quien en audiencia inicial se le decretó la instrucción formal y que permanezca en la cárcel por seis meses mientras dura la investigación para corroborar los hechos.
La relación de los hechos en el requerimiento de acusación dicen que el pasado 16 de mayo, la joven llegó acompañada de su madre a Emergencias del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) debido a un sangrado vaginal, y tras realizarle una ultrasonografía se comprobó la presencia de residuos fetales, razón por la que le practicaron un legrado instrumental.
Los médicos al no determinar si se trataba de un aborto espontáneo o inducido notificaron a la Policía Nacional Civil, la joven explicó a las autoridades que desconocía esa embarazada, ya que tenía problemas médicos que le dificultaban quedar embarazada.
Un feto en el inodoro
La investigación dice que la madre una vez regresó del hospital, en su vivienda encontró un feto en el inodoro.
La investigación inicial reveló que la madre de la imputada luego de dejarla ingresada en el ISSS y regresar a sus casa encontró un feto en el inodoro, lo colocó en una bolsa plástica y lo llevó al hospital, donde le informaron que no podían recibirlo, por lo que regresó a su casa y dejó el feto en el baño.
Tras encontrar el feto, el pasado 18 de mayo, las autoridades realizaron un registro con prevención de allanamientos en la vivienda de la joven, donde recolectaron evidencia, entre ellas, una bolsa que contenía un feto de sexo femenino de aproximadamente 20 semanas de gestación, un blíster vacío de «un medicamento utilizado para inducir el trabajo de parto o un aborto retenido».
En la vivienda también encontraron dos pipas para consumo de marihuana y un vidrio con un tubo transparente con residuos de droga.
«Se encontró también el resultado positivo de una prueba de embarazo en sangre con el nombre de la imputada y de fecha 16 de marzo de este año», dice la acusación.
Durante la etapa de instrucción, que durará seis meses, tanto la Fiscalía como la defensa deberán de recabar las pruebas para confirmar o desvirtuar la acusación.
El código penal salvadoreño prohíbe el aborto en todos los supuestos y establece penas de hasta 8 años. Sin embargo, fiscales y jueces tipifican los casos de aborto, incluso los involuntarios, como «homicidio agravado», penado hasta con 50 años de prisión.