Silverio Morales líder indígena, defensor del medio ambiente; la Mesa por la Soberanía Alimentaria; el Movimiento Indígena para la Integración de las luchas de los Pueblos Ancestrales de El Salvador -MILPA-; la Asociación de Estudiantes de Derecho -AED-; la Mesa Permanente por la Justicia Laboral; y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho –FESPAD-, ante la población salvadoreña y comunidad internacional EXPRESAN:
«Desde hace más de un año venimos denunciando públicamente la captura y procesamiento arbitrario de Levi Morales. Al respecto, hemos exigido se respete el debido proceso, y se cumpla con la garantía de pronta y cumplida justicia, de tal modo que se esclarezca el hecho y se le ponga en libertad.
Desde la defensa legal del joven, se manifestado la inexistencia de elementos que lo vinculen al hecho delictivo que se le atribuyó, por lo cual, en dos ocasiones se solicitó que se dieran medidas sustitutivas a la detención sin que el juzgado que conoce el caso accediera.
No obstante, la misma Fiscalía General de la República solicitó al Tribunal Primero Contra el Crimen Organizado de Santa Ana poner en libertad al joven ante lo cual, el referido tribunal resolvió el 20 de noviembre la orden de inmediata libertad, situación que nunca ocurrió.
Mediante una visita al tribunal que lleva la causa, hemos tenido conocimiento que el día 30 de noviembre del corriente año Levi Morales fue “puesto en libertad” pero de forma inmediata fue capturado nuevamente, desconociendo los motivos y fundamentos jurídicos ya que la misma FGR había solicitado su inmediata libertad.
La recaptura del joven Levi Morales implica desconocer la petición de libertad que la misma Fiscalía General de la República hizo al juzgado que ventila el caso y, además, una desobediencia a la resolución judicial que ordenó su libertad, situaciones que, incluso, tienen implicaciones penales para los funcionarios responsables, las cuales la misma FGR debería investigar.»
Ante las circunstancias señaladas, las organizaciones piden:
A la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos –PDDH-: 1) que solicite informe al Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana sobre el cumplimiento de la orden de libertad de Levi Cesar Morales; 2) Que pida informe al Centro Penal de Usulután sobre el cumplimiento de la orden girada por este último; 3) que proceda a realizar una inspección en el centro penal donde se encuentra recluido Levi Morales a fin de constatar su situación.
Al Fiscal General de la República a que revise la razón de por qué no se ha dado cumplimiento a la orden de libertad que la misma Fiscalía General de la República solicitó a favor de Levi Morales.
Al Tribunal Especializado Contra el Crimen Organizado de Santa Ana que haga cumplir su resolución de fecha 20 de noviembre de 2023 y por tanto verifique la inmediata liberación de Levi Morales y la reunificación con su familia.
Al Comisionado Presidencial de Derechos Humanos Dr. Andrés Guzmán que interponga sus buenos oficios para constatar las irregularidades derivadas del incumplimiento de la orden judicial de libertad de Levi Cesar Morales.
Al Órgano Ejecutivo que pueda revisar la situación denunciada para corregirla y, además, pueda tomar las providencias necesarias y que casos como estos no se sigan dando. El caso refleja una actuación muy discrecional por parte de autoridades administrativas, al punto de no cumplir órdenes judiciales. Hay una madre y un padre que esperan que cesen los errores del sistema penal.
A la población en general y organizaciones de la sociedad civil, pedimos su solidaridad ante la injusticia cometida contra Levi Morales y su familia.