La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó al Juzgado Especializado de Sentencia C de San Salvador condenas de 16 años para el expresidente Mauricio Funes y 20 para el exministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés; por supuestamente haber promovido, facilitado y favorecido a las pandillas, excediéndose en sus facultades como funcionarios y no hacer nada para detener las ilegalidades durante la tregua entre pandilleros.
La Fiscalía solicitó al juez se les imponga las penas máximas, debido a que al momento de cometer cada acción ambos eran funcionarios.
Para Funes el ministerio público pidió una condena de ocho años por agrupaciones ilícitas y similar cantidad de años por incumplimiento de deberes.
Respecto a Munguía Payés, la Fiscalía ha pedido una condena de 20 años: ocho por agrupaciones ilícitas, cuatro por actos arbitrarios y ocho por incumplimiento de deberes.
Los abogados defensores solicitaron una exoneración y en el caso de una condena, desde el principio plantearon al juez que el delito de agrupaciones ilícitas absorba los actos arbitrarios e incumplimiento de deberes.
El juez dará a conocer el resultado el próximo 9 de junio, a las 10:00 a.m.
Recordemos que según la representación fiscal «en cuanto a la teoría y participación de los imputados se establece, ya que el Órgano Ejecutivo a través de varias entidades tenían una cadena de mando».
En los alegatos de cierre el ministerio público sostuvo que Munguía Payes, incurrió en actos arbitrarios ya que vulneró la Constitución y la Ley Penitenciaria al ordenar los traslados de los cabecillas de las pandillas, pese a que no era su facultad, sino que es una potestad que tienen los jueces de vigilancia penitenciaria, además violó los protocolos de seguridad de las cárceles permitiendo ingreso de ilícitos.
Y el incumplimiento de deberes los dos funcionarios lo cometieron porque tenían la facultad de velar por el ordenamiento jurídico y al tener un dominio funcional, permitieron un quebranto continuado en los centros penales y de la seguridad pública. De los hechos cometidos por las pandillas, los imputados sabían de los delitos que estaban registrándose, pero omitieron tomar acciones para evitarlo.