El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este miércoles la personalidad jurídica a la Asociación de Mujeres con Cáncer y a otras 25 ONG, incluidas cinco que solicitaron su disolución voluntaria, entre ellas una estadounidense.
En este contexto, 11 organizaciones opositoras nicaragüenses exigieron este miércoles a la Organización de Estados Americanos (OEA) que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua.
La disolución de la Asociación de Mujeres con Cáncer, inscrita desde el 4 de mayo de 2004 y que ocurre cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer, fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel, según el acuerdo ministerial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, de Nicaragua.
Según Gobernación, esa asociación fue ilegalizada por incumplimiento, debido a que “no reportaron estados financieros del periodo 2019 a 2022″, y su junta directiva estaba vencida desde el 28 de septiembre de 2021.
Con el cierre de esas 26 Organizaciones No Gubernamentales (ONG), suman al menos 3.323 las organizaciones de este tipo disueltas tras las protestas populares que estallaron en abril de 2018.
FOTO DE ARCHIVO. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, saluda a los soldados durante el juramento del comandante en jefe del ejército nicaragüense, el general Julio César, en la plaza de la Revolución en Managua, Nicaragua 21 de febrero de 2020. REUTERS/Oswaldo Rivas
En general, Gobernación argumentó que cerró de forma unilateral 20 ONG “por estar en abandono y tener entre 3 a 20 años de incumplimientos de sus obligaciones conforme a las Leyes que los regulan”, y el resto por “disolución voluntaria”.
Entre las nuevas ONG ilegalizadas se encuentran la Asociación de Cardiólogos de Nicaragua, Asociación de Campesino a Campesino del Municipio de Santa Rosa del Peñón, Fundación Educando para la Vida, Asociación Suiza de Nicaragua, y Asociación Centro de Producción más Limpia de Nicaragua.
También la Asociación de Agricultores, Ganaderos, Forestal y Servicios Múltiples de la Resistencia de Nicaragua 3-80, y Asociación Movimiento Nacional de Retirados del Ejército Popular Sandinista 31 Aniversario “Sandino Vive”.
Y las ONG que solicitaron su disolución voluntaria son la Fundación de Ayuda al Niflo, Niña y Adolescente con Cáncer y Leucemia, Fundación Merced, y la Asociación Centro de Rehabilitación a las Drogas y Alcoholismo, San Vicente de Paul.
Además Asociación para Niños Nefropáticos, Asociación Ministerio Pentecostés Poder de Dios, y la estadounidense Organización Pentecostal Roca de Salvación, que estaba inscrita desde abril de 2013.
Intervención de la OEA
Represión en Nicaragua (AFP)
“Ante la continua violación a los derechos humanos traducida en el despojo de la nacionalidad, el destierro, la confiscación, y ahora este golpe contra el sector privado, demandamos a la OEA que convoque a una sesión extraordinaria de la Asamblea General dedicada a la situación de Nicaragua”, exigieron esos organismos a través de una declaración.
Esa sesión debe tener como objetivo “que se persiga la declaración de ilegitimidad y se invoque el principio de Proteger (R2P) por parte de sus Estados miembros, a la dictadura Ortega-Murillo por ser responsable de crímenes de lesa humanidad”, recomendaron esos organismos, entre ellos Iniciativa por el Cambio.
“Así mismo solicitamos que el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) pueda llevar a cabo una investigación adicional para determinar el nivel de participación del Ejército de Nicaragua en la represión a las protestas del 2018″, agregaron.
FILE PHOTO: Nicaragua’s President Daniel Ortega delivers a speech during an extraordinary session of the National Assembly of People’s Power of Cuba in commemoration of the 18th anniversary of the creation of ALBA-TCP at the Convention Palace in Havana, Cuba, December 14, 2022. Yamil Lage/Pool via REUTERS/File Photo
En su declaración, esos organismos hicieron un llamado “a que la OEA reafirme su liderazgo en la defensa de los valores democráticos ante todos sus Estados miembros y, fortalezca su papel en la demanda del cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana”.
“De lo contrario, se estaría estableciendo una amenaza sin precedente a las democracias de la región”, alertaron.
En el documento, esas organizaciones opositoras, entre ellas la Unidad Nicaragüense Autoconvocados, condenaron la disolución y el decomiso de bienes del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), la principal cúpula patronal nicaragüense, así como de 18 de las cámaras empresariales que la integraban, por parte del Gobierno sandinista.
“Las organizaciones de la oposición democrática desde Nicaragua y el exilio manifestamos nuestro rechazo a la cancelación arbitraria y confiscación de bienes del Cosep, a 18 de sus cámaras socias y, a la Asociación Cámara Minera de Nicaragua, por parte de la dictadura Ortega-Murillo”, indicaron.
Autoridades del Cosep (EFE/archivo)
“Estas cancelaciones muestran una vez más que en Nicaragua los derechos políticos, civiles y económicos no tienen valía y que cualquier ciudadano, opositor o no, puede ser víctima de las decisiones arbitrarias de la dictadura”, advirtieron.
Asimismo, agradecieron “a los sectores empresariales que han alzado su voz en contra de este atropello” e invitaron a las cámaras empresariales a nivel regional a sumarse a “las acciones condenatorias que ya se llevan a cabo a nivel internacional y, hacer uso de las instituciones correspondientes para demandar la restitución de la libertad de asociación en Nicaragua”.
La disolución del Cosep fue aprobada por la ministra nicaragüense de Gobernación, María Amelia Coronel Kinloch y publicada el lunes en el Diario Oficial La Gaceta, en uno de los golpes más duros contra las cámaras empresariales que ha propinado el Gobierno de Ortega.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.
(Con información de EFE)