Después de 73 días de aprobado el régimen de excepción, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, afirmó que pedirán su vigencia «las veces que sean necesarias.

En la entrevista matutina de Frente a Frente, Villatoro fue cuestionado sobre cuánto tiempo más va a durar este régimen y respondió: «Lo vamos a implementar o vamos a llegar a la Asamblea, las veces que sean necesarias». El funcionario afirmó que el objetivo final de este recursos jurídico es «erradicar a estos grupos terroristas».

«No te puedo dar una respuesta cerrada (sobre cuándo terminará el régimen de excepción), sino que, lo que te puedo sí garantizar es que vamos a seguir en esto hasta erradicar por completo el fenómeno de las pandillas…el tiempo que sea necesario. La misión va más allá del tiempo, la misión es erradicar a estos grupos terroristas».
Gustavo Villatoro,
Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

El Ejecutivo pidió aprobar el régimen de excepción, la noche del 26 de marzo, cuando el país registró 62 asesinatos en un solo día, el dato más alto en toda la historia, y fue avalado en la madrugada del domingo 27 de marzo. Desde entonces, los diputados de la Asamblea lo han prorrogado en dos ocasiones.

El régimen de excepción suspende cuatro derechos fundamentales: a la defensa, a la libertad de asociación, a la inviolabilidad de la correspondencia y las intervenciones telefónicas, y la detención administrativa de 72 horas. Esto último permite que, tras una captura, la Fiscalía General de la República acuse hasta en 15 días.

A la fecha, los más de 70 días bajo el régimen especial ya dejan más de 37,500 personas detenidas y unas 31,000 procesadas.

Organizaciones de derechos humanos han cuestionado el proceder del régimen de excepción, y han denunciado capturas arbitrarias de más de 1,100 personas hasta la semana pasada, según Cristosal, quien también reportó al menos 26 muertes de detenidos en las prisiones.

Además, organismos internacionales como Human Rights Watch han pedido al Estado salvadoreño en quitar el régimen de excepción por las vulneraciones a los derechos humanos.

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