Las autoridades de El Salvador han detenido a 30,506 personas desde que el presidente Nayib Bukele inició al cierre de marzo una «guerra» contra esas agrupaciones, informó este lunes la Policía Nacional Civil (PNC).

«536 terroristas fueron capturados el domingo 15 de mayo, fecha en la que se cumplieron 50 días de régimen de excepción. Total de capturas desde que inició la guerra contra pandillas es de 30.506», dijo la PNC.

Bukele le declaró la «guerra» a las pandillas que operan en su territorio, tras el asesinato de 87 personas entre el 25 y el 27 de marzo, crímenes que las autoridades atribuyen al accionar de estas agrupaciones.

La ofensiva de seguridad, respaldada en un régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa, ha detenido sin orden judicial a miles de pandilleros y supuestos colaboradores, que desde el 28 de marzo frenaron la escalada de homicidios.

El 26 de abril entró en vigencia una prórroga por 30 días del régimen de excepción, una medida que restringe también la libertad de asociación, el derecho a la defensa, amplía el plazo de las detenciones mientras se investiga y faculta intervenir las comunicaciones.

A pedido del mandatario, la Asamblea, controlada por el oficialismo, también aprobó a inicios de abril una reforma para castigar con hasta 45 años de prisión a los miembros de las pandillas.

La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación.

El Salvador sufre el asedio de la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros.

El régimen de excepción recibe críticas de diferentes organismos humanitarios por la detención masiva de jóvenes sin el debido proceso.

El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, justificó el 5 de mayo ante delegados del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) el derecho del Estado a mantener la ofensiva contra las pandillas.

«Al Estado salvadoreño le asiste el Jus ad Bellum para defender al pueblo de la violencia criminal de las pandillas (…). El Jus ad Bellum es la rama del derecho humanitario que define las legítimas razones que un Estado tiene para hacer la guerra de manera legítima y justa», aseguró Ulloa.

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