30 noviembre, 2020

Presidente veta reforma a Bienestar Magisterial

El presidente de la República, Nayib Bukele, vetó el decreto 754 de reformas a la Ley del Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial (ISBM).

Este decreto permitía que el personal público docente pensionado que se encuentre laborando y se jubilen tengan la facultad de decidir si requieren quedarse con la atención médica y hospitalaria del ISBM o trasladarse al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

La reforma fue aprobada el pasado 22 de octubre por la Asamblea Legislativa.

Se cambiaba el artículo 2 para que la cobertura de servicios incluyera servidores públicos docentes que trabajan para el Estado, pensionados y laborando, así como pensionados retirados.

El decreto también incluye el literal “a” del inciso primero del artículo 54 de la ley, que contiene los porcentajes de cotización para docentes en servicio y pensionados.

El análisis presidencial indica que el decreto establece una cotización de 7.8 % al docente pensionado a cargo de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a remitirse al ISBM, pero señala «una antinomia de normas».

Según la Presidencia, dicho porcentaje debe estar a cargo del pensionado y no de las AFP, según el artículo 214 de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Argumenta que estas actúan únicamente como agentes de retención.

También, advierte que la ley obligaría al pensionado a cotizar tanto para el ISBM como para el ISSS.

¿Cuáles son los argumentos del veto?

  1. La Presidencia fundamenta el veto de inconstitucionalidad en los principios de planificación y equilibrio presupuestario.

Una de las argumentaciones es que incorporar servidores públicos docentes que hayan alcanzado el derecho a pensión por vejez impactaría negativamente en el programa de salud.

Añade que es posible que la tasa de equilibrio tendría que subir de 10.94% a 19.39% y 19.67% la cotización.

Agrega que habría un desequilibrio presupuestario del ISBM de entrar en vigencia las reformas y que para aplicarlas se necesita un estudio actuarial.

“Al no establecer fuente de financiamiento u otras medidas como gradualidad o parámetros que permitan su financiamiento, deriva todo ello en una norma inconstitucional”, destaca la Presidencia.

Por: Irvin Pineda.

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