17 septiembre, 2021

OEA reacciona al fin del convenio entre el Gobierno y la CICIES

El Secretario de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, publicó este lunes a través de redes sociales su postura sobre las acusaciones del Gobierno salvadoreño tras la finalización de su convenio con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES).

En el comunicado señalan que la decisión obedece “a que la Secretaría General de la OEA contrató como asesor al exalcalde del partido ARENA, Ernesto Muyshondt, quien es procesado desde 2016 por diferentes crímenes”, por lo que aseguran: Muyshondt no fue contratado, sino que se le hizo un ofrecimiento por un contrato honorario pero que nunca se firmó.

También señalan que previo a hacer público el ofrecimiento, el Ministerio de Relaciones Exteriores fue notificado al respecto y que en ningún momento hizo saber ninguna discrepancia respecto a la posibilidad. Por lo tanto, la Secretaría General no desea que esa acción se utilice como excusa para la salida de la CICIES.

“Rechazamos completamente la argumentación formulada y nos consideramos en el deber de hacer públicas nuestras diferencias con el Gobierno de El Salvador (respecto a la CICIES). Diferencias que estaban en conocimiento de donantes y del propio Gobierno de El Salvador, a quienes se les había manifestado que habían imposible la continuación de los trabajos de la Comisión“, reza el comunicado.

Entre las seis diferencias que la OEA señala, están:

  1. La aprobación de la Ley para el uso de productos para tratamientos médicos en situaciones excepcionales de salud pública ocasionadas por la pandemia del COVID-19, la cual aseguran da inmunidad a personas que podrían haber tenido participación en actos de corrupción.
  2. La negativa del Gobierno de no hacer público el Primer Informe Descriptivo sobre la Calidad Efectividad y Legitimidad del uso de Fondos Públicos en atención a la pandemia. “En dicho informe se constata una serie de irregularidades de apariencia delictiva que es necesario investigar”, dice el comunicado.
  3. El asfixiamiento que ha realizado la Fiscalía a la CICIES, impidiendo sus posibilidades de investigación.
  4. Impedimento de avances en investigación a denuncias de corrupción de la actual administración.
  5. La aprobación de una reforma al código procesal penal para que organismos como la CICIES pudieran ser querellante en los procesos penales e investigaciones que la Fiscalía realice en aquellos casos de corrupción que afectaran derechos difusos de la población.
  6. La recurrente actitud del Gobierno de procurar inducir a la CICIES a investigar “exclusivamente” acciones de políticos de la oposición.

Señalan que es “absolutamente improcedente y contrario al compromiso de la Secretaría General” que la CICIES sea utilizada como un instrumento de persecución política de parte del Gobierno.

Finalmente consideran que sin estos elementos, los esfuerzos de la CICIES, son más un esfuerzo retórico que un objetivo político y ético, “lo cual hace imposible para la Comisión acompañar este proceso”.

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