30 noviembre, 2020

Juez Guzmán certifica a la FGR para investigar posibles delitos de Nayib Bukele y Merino Monroy durante inspección de archivos

El juez de instrucción de San Francisco Gotera y encargado del proceso penal por la masacre en El Mozote en 1981, Jorge Guzmán, solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) para que indague si en las ocasiones en las que se ha intentado realizar inspecciones en los archivos militares del Estado Mayor el presidente Nayib Bukele y el ministro de Defensa, René Merino Monroy cometieron delitos. 

En el documento emitido por Guzman, al que tuvo acceso la revista Gato Encerrado, también se certifica a la FGR investigar si ha habido delito en la sustracción de documentos de archivos militares a los que se pretenden inspeccionar, incumpliendo una medida cautelar dictada, ‘’en la que se prohibía a cualquier funcionario o empleado sustraer, desplazar, ocultar, dañar o destruir documentos que obran en archivos a ser inspeccionados’’, se lee en la correspondencia. 

Asimismo, Guzman también notificó sobre la resolución a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Sala de lo Constitucional, ya que son éstas las instituciones que tienen incidencia en el seguimiento en el caso ‘’Masacre El Mozote vs. El Salvador’’.

El juez Jorge Guzmán, concluyó el pasado jueves 29 de octubre con las visitas programadas a seis sedes de la Fuerza Armada para inspeccionar archivos relacionados con la matanza sin lograr tener acceso a los documentos por el bloqueo a la diligencia judicial.

Como en las cinco ocasiones anteriores, ese día le fue negada la entrada al Destacamento Militar Número 4 de Morazán, a 208 kilómetros al este de la capital, donde pretendía llevar a cabo una inspección.

Al negársele la entrada, el juez preguntó a un militar, que no se identificó, que dé ¿dónde viene la orden?, a lo que el uniformado respondió simplemente que «se debe solicitar la información al Ministerio de Defensa».

«Como efectivos militares no están obligados a obedecer órdenes ilegales», manifestó Guzmán.

«La Fuerza Armada ha cerrado las puertas a la justicia. Está protegiendo a los responsables del asesinato de más de 1.000 personas, la mitad de ellos niños, lo que no tiene sentido en un país que firmó la paz hace 30 años (…) esto deja en entredicho la voluntad de cumplir las obligaciones de derechos humanos del actual Gobierno», agregó David Morales, uno de los abogados defensores de las víctimas de la masacre.

Por: Irvin Pineda.

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