18 septiembre, 2020

Invertir o pagar, dilema del Gobierno en los próximos años

Las finanzas públicas, afectadas por el covid-19, pondrán en dilema al Gobierno en los próximos años entre priorizar el pago de los compromisos de deuda o apostar por la inversión social. Los economistas recomiendan un ajuste fiscal sin sacrificar la recuperación de la economía y la población ya golpeada por las medidas de confinamiento.

El Gobierno emitió la semana pasado $1,000 millones en bonos para un plazo de vencimiento de 32 años a un cupón de 9.5 %, el interés más alto de todas las emisiones de El Salvador desde 2002. Imagínese que, si no hay una reestructuración de esa colocación, el Ejecutivo tendrá que presupuestar anualmente $95 millones para pagar los intereses de esa emisión durante las próximas tres décadas, es decir, que pagará más de $3,040 millones y en 2052 deberá honrar el capital.

El Ejecutivo tendrá además que honrar los compromisos obtenidos antes de la pandemia, más la deuda adquirida este año con multilaterales y en el mercado local a través de las Letras del Tesoro (Letes) y los Certificados del Tesoro (CETES), que también compró a una tasa de interés de 9.5 %.

La diferencia entre la deuda de bonos es que el Gobierno solo honra intereses durante el período de vencimiento mientras que con los préstamos hay pagos de capital calendarizados.

La advertencia de los economistas, tanques de pensamiento y calificadoras de riesgo es sobre el crecimiento acelerado de los intereses de la deuda. En 2019 representaron $991.06 millones, un monto incluso superior al presupuesto del ramo de Salud en $662.1 millones de ese año.

Si bien la nueva deuda presionará las finanzas públicas, se descarta que en el corto plazo exista riesgo de impago, pero “sí veo riesgo de incrementar la deuda social”, indicó Ricardo Castaneda, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi). El economista teme que el Gobierno dé prioridad al pago de la deuda financiera y recorte asignaciones a instituciones claves para garantizar bienestar a la población.

Un costo podría ser que el presupuesto de 2021 para el Ministerio de Educación no crezca, “menos niños van a la escuela y la deuda social se incrementa”. “Por eso es clave que se establezca un plan de reformas, con esa deuda adquirida, cada vez más, se obliga a hacer reformas inevitablemente, y es allí donde debe estar el debate sobre todo en un año preelectoral”, advirtió.

El economista hizo énfasis en buscar un “acuerdo fiscal” con los demás poderes del Estado para fijar una hoja de ruta que permita ordenar las finanzas públicas sin recortar la inversión social porque “muchas veces pareciera que es la única opción”. “Hay alternativas, pero se requerirá voluntad política para echarlas a andar”, sumó.

El dilema: Por un lado, el Ejecutivo tiene más compromisos de deuda que pagar y, por el otro, debe invertir más en el sistema de salud, por ejemplo, para responder a la emergencia sanitaria, o en infraestructura pública para incentivar la recuperación de la economía.

Por: Irvin Pineda.

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