24 noviembre, 2020

Denuncian ante el IAIP al Ministro de Agricultura por reservar información sobre paquetes alimentarios en el marco de la pandemia

Una denuncia fue interpuesta ante el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) contra el Ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Anliker, por categorizar como información reservada la relativa a las compras y distribución de paquetes alimentarios en el marco de la pandemia COVID-19.

Es decir, documentación respecto de adquisiciones, distribución y liquidación de ayuda alimentaria.

De acuerdo con Agricultura, la reserva por dos años se fundamenta en que estos expedientes forman parte del examen especial que realiza la Corte de Cuentas de la República (CCR), por lo aseguran que se adecúa al artículo 19, literal e de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) donde establece que puede reservarse la información sobre «opiniones o recomendaciones que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, en tanto no sea adoptada una decisión definitiva».

Esta resolución ministerial se emitió previo al inicio de las auditorías de la CCR, mismas que se retrasaron y la extitular de la institución de contraloría, Carmen Elena Rivas, solicitó a la Presidencia de la República que se recomendara al Ministerio que se realizara la fiscalización, asunto que también fue notificado a la Asamblea Legislativa.

No obstante, la demanda interpuesta señala que no existen justificaciones ante la reserva de información, ya que aseveran que entre estos se encuentran procesos de compra pública ya formalizados y adjudicados, ya que esta información debe ser publicada con carácter oficioso al culminar la compra.

«En virtud de que contrario a ser un documento que contenga opiniones o recomendaciones que se encuentren aun en deliberación, estamos hablando de un proceso de contratación que contiene documentos relativos a una compra pública, que ya ha sido generada, ejecutada y se encuentra en firme. Por ello, la clasificación de tal información como reservada se considera un exceso de la potestad del Ministerio de Agricultura y Ganadería», argumenta el demandante.

Asimismo, señala que se habría cometido una infracción grave por parte del Ministro Anliker, relativo al artículo 76, literal e de la LAIP, por invocar como reservada información que no cumple con las características señaladas en la ley.

La compra de estos insumos fue cuestionada en dos ocasiones por los diputados de la Asamblea Legislativa, la primera por posibles compras a sobreprecio de granos básicos a Sinaloa, México.

La segunda debido a que se habrían hecho transferencias presupuestarias sin autorización legislativa por $23 millones, tomando presupuesto que era dirigido al salario de trabajadores; asuntos que contrarían la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado (AFI).

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