26 febrero, 2021

Corte no inició juicios de Probidad durante el 2020

La Corte Suprema de Justicia no inició ningún juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito durante el último año.

Más de mil funcionarios o empleados públicos que debían declarar patrimonio no lo hicieron según el informe de Fusades.

Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no iniciaron algún juicio civil por indicios de enriquecimiento ilícito durante el último año.

La Unidad de Acceso a la Información Pública de la CSJ respondió que no inició juicios civiles durante el año 2020 solicitudes de información del Departamento de Estudios Legales (DEL) de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades).

La Corte en pleno, conformada por 15 magistrados, puede iniciar juicios civiles si a partir de los informes de su Sección de Probidad ve indicios de enriquecimiento ilícito en los patrimonios de funcionarios o exfuncionarios.

El informe del segundo semestre, al igual el el primer tremestre, reporta 0 juicios civiles el año de pasado.

Luego del ingreso de la generación de magistrados 2009-2018, la CSJ ordenó el primer juicio civil en octubre de 2015, pese a que la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos (LEIFEP) estaba vigente desde 1959.

Ese año la Corte ordenó juicio contra un diputado y un exdirector del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).

En 2016, la CSJ inició 12 juicios, los primeros en febrero, contra los expresidentes Antonio Saca y  Mauricio Funes.

En 2017, hubo dos; en 2018, ninguno y, en 2019, 8.

Durante el año 2020, Probidad hizo verificación patrimonial de 10 funcionarios o exfuncionarios, 16 están en proceso de verificación y posee una lista de 385 verificaciones pendientes desde el 1 de enero de 2010, de acuerdo a dicho informe. El estudio indica que prescribieron 145 verificaciones, luego de 10 años.

No han declarado.

Un total de 1,160 funcionarios públicos no han presentado su declaración patrimonial entre el 1 de junio y el 27 de enero de 2021, informó la Corte, pese a que debían declarar sus bienes por orden de la Ley sobre el Enriquecimiento Ilícito de Funcionarios y Empleados Públicos.

Además de estos funcionarios entrantes, 96 funcionarios han cesado en el cargo durante los últimos 3 años sin haber presentado la declaración jurada de patrimonio de cese de funciones.

La Corte Suprema alegó que no ha impuesto sanciones por la pandemia covid19, ya que “se suspendieron los plazos procesales”.

¿Rendición de cuentas oficial?

Fusades evaluó qué tan transparente es el Estado y cómo funciona la institución encargada de evaluar las demandas para que se entregue información pública, en las diferentes instituciones estatales.

  1. Información reservada

El Gobierno ha informado reservado sobre publicidad, compras de alimentos, paquetes agrícolas, alimentarios y convenios.

  1. Índice bajo de transparencia

El Salvador tiene un índice de 0.42 de transparencia en compras del Estado durante la emergencia covid19, cita el estudio.

  1. Demandas de información pública

De un total de 195 casos iniciados en el IAIP, solo en 4 se entregó la información pública solicitada, de julio a diciembre 2020.

  1. Elección del IAIP

El informe también cuestiona procesos de elección de comisionados del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) bajo irregularidades.

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