18 septiembre, 2020

Asamblea aprueba observaciones de Bukele a Ley de Donación de Plasma: incluye multa de hasta $1,000 a quienes la comercialicen

La Asamblea Legislativa aprobó las observaciones del presidente Nayib Bukele al Decreto Legislativo número 683, en el sentido que se cambie el nombre de la Ley de Fomento para la Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19 y se pase a llamar Ley para Promoción y Regulación de Donación de Plasma Sanguíneo de Pacientes Recuperados de COVID-19.

Con las observaciones del Presidente Bukele al decreto aprobado, se permite pasar de una multa de $100 a una máxima de $900, y de $200 a una de $1,000 a quienes intenten comercializar con el plasma. La ley prohíbe, además, solicitar o recibir cualquier tipo de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie por el otorgamiento de plasma.

Entre los objetivos de la normativa, se encuentra ayudar a los salvadoreños con padecimiento de coronavirus a mejorar su estado de salud. De acuerdo con el texto de la ley, “la extracción y donación de plasma sanguíneo de personas recuperadas de covid-19 tiene por finalidad la administración de anticuerpos pasivos a través de transfusiones de plasma convaleciente, a fin de mejorar el pronóstico de los pacientes receptores en estado moderado, severo o crítico”.

Además, contempla la aplicación de infracciones y sanciones, a la vez que prohíbe solicitar o recibir cualquier tipo de gratificación, remuneración, dádiva en efectivo o en especie por el otorgamiento de plasma; asimismo, se prohíbe la coacción, condicionamiento psicológico o de cualquier otra naturaleza por la donación de sangre para la obtención de plasma de pacientes recuperados.

Con el aval a las observaciones, la normativa establece que la persona que cometa el ilícito administrativo recibirá una sanción económica, una multa que oscile entre tres a cinco salarios mínimos del sector comercio, con lo cual se eliminan las sanciones de trabajo de utilidad pública. Al momento de establecer dicha multa económica, se tendrán en cuenta los criterios de capacidad económica del infractor y las circunstancias en que se cometa la infracción.

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