Habitantes denuncian ilegalidad, daños ambientales, amenazas y riesgo a investigaciones por crímenes de guerra
Representantes del Bloque de Resistencia Popular (BRP) y habitantes de la comunidad San Francisco Angulo, en el departamento de San Vicente, presentaron este lunes una demanda de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) con el objetivo de detener la construcción de un relleno sanitario que consideran ilegal y violatorio de sus derechos fundamentales.
La acción legal busca frenar las obras del denominado “Relleno Sanitario de Los Nonualcos”, proyecto que, según las comunidades afectadas, se desarrolla pese a resoluciones previas que advertían sobre su inviabilidad ambiental y social.
“Hemos presentado una demanda de amparo en la que detallamos una serie de hechos que están vulnerando los derechos fundamentales de los habitantes de San Francisco Angulo”, afirmó Francisco Parada, representante del BRP.
Parada recordó que en 2018 la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) concluyó que el sitio no era apto para la construcción de un relleno sanitario. No obstante, las obras han continuado, lo que —según el dirigente comunitario— constituye un irrespeto a la ley y a la Constitución.
El representante del BRP denunció además que los pobladores han sido víctimas de amenazas e intimidaciones, luego de que aparecieran mensajes en maquinaria de construcción advirtiendo que “iban a meter presos” a quienes se opusieran al proyecto.
En su momento, la PDDH emitió medidas cautelares para suspender las obras, con el fin de evitar que se obstaculizaran diligencias de la Fiscalía General de la República relacionadas con exhumaciones pendientes por una masacre atribuida al Ejército durante el conflicto armado salvadoreño (1980-1992).
De acuerdo con el expediente público, las comunidades advierten que el proyecto podría destruir al menos 24 manzanas de bosque natural, afectar la fauna silvestre y contaminar el río Salamar, una fuente de agua que abastece a los cantones San Francisco Angulo, Canta Rana y la colonia El Milagro. Además, alertan sobre riesgos a la salud de al menos 86 familias de la zona.
Los habitantes también señalan que la construcción del relleno sanitario entorpece la recuperación de restos humanos vinculados a crímenes de guerra. Según la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), en septiembre de 2018 se realizaron exhumaciones a solicitud de familiares de las víctimas; sin embargo, hasta diciembre de 2021 no se habían recuperado todas las osamentas.
Ante este panorama, la comunidad exige la suspensión inmediata del proyecto y el respeto a sus derechos ambientales, históricos y humanos, mientras la CSJ analiza la demanda de amparo presentada.