Amnistía Internacional instó este miércoles a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) a ejercer plenamente sus facultades constitucionales y efectuar visitas regulares, rigurosas e independientes a la abogada Ruth López, con el fin de verificar su estado de salud y las condiciones en las que permanece detenida.
La solicitud fue presentada mediante una carta firmada por Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional, dirigida a la procuradora Raquel Caballero de Guevara. En el documento, Piquer pide que la PDDH supervise de manera estricta y profesional la situación de López, evitando cualquier forma de comunicación pública que minimice riesgos o comprometa la independencia de la institución.
Según la carta, los informes de verificación deben emitirse con un “lenguaje institucional cuidado”, sin descalificaciones y sin adoptar narrativas oficiales que puedan poner en duda la autonomía del ente defensor.
Polémica por declaraciones previas de la procuradora
El pronunciamiento de Amnistía surge tras declaraciones realizadas el mes pasado por Caballero de Guevara, quien, durante una entrevista, afirmó haber visitado a López en la Granja Penitenciaria de Izalco. En esa ocasión, la procuradora hizo comentarios sobre la apariencia física de la detenida, señalando que deseaba regresar al centro penal para que le “plancharan el pelo” como a López, declaraciones que generaron críticas por considerarse inapropiadas.
Amnistía Internacional reconoce a López como prisionera de conciencia
Ruth López, detenida desde el 18 de mayo, fue declarada por Amnistía Internacional como “prisionera de conciencia”, al considerar que enfrenta un proceso judicial sin garantías suficientes, con denuncias sobre restricciones al acceso a su defensa y preocupaciones sobre su integridad física.
“Queremos expresar nuestra seria preocupación porque la actuación pública de la institución a su cargo —y, en particular, en relación con el caso de la Sra. López— no refleja la diligencia ni la centralidad de la víctima que exige su mandato constitucional”, señala Piquer en el documento.
La organización también pidió a la PDDH mantener independencia, autonomía y un enfoque de protección, así como emitir pronunciamientos públicos que no minimicen riesgos ni deslegitimen denuncias. Además, solicita mecanismos de rendición de cuentas respecto a las acciones que realice la Procuraduría en este caso.
Medidas cautelares de la CIDH y proceso judicial
En septiembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de López, al considerar que se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia”, con riesgo de sufrir daños irreparables a su vida, integridad y salud.
López es acusada por la Fiscalía General de la República de supuestamente haber participado en la extracción irregular de fondos públicos junto con Eugenio Chicas, cuando este fungía como presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE). En junio, el Juzgado Décimo Segundo de Paz decretó prisión provisional en su contra.