La Fiscalía General de la República (FGR) presentó este lunes el requerimiento fiscal en contra de 12 empresarias del transporte colectivo, acusados por los delitos de peculado e incumplimiento de deberes.
Asimismo, el Ministerio Público informó que solicitó al juzgado Séptimo de Paz de San Salvador que los empresarios continúen con el proceso judicial con medidas sustitutivas.
“Dichos imputados son empresarios del transporte público que tendrían concesiones y permisos provisionales para la prestación de dicho servicio”, mencionó la Fiscalía en una publicación en la red social X.
Según Fiscalía, los empresarios del transporte colectivo fueron arrestados durante los días 5,6 y 7 de mayo, luego de negarse a prestar dicho servicio de forma regular.
“Estos empresarios no prestaron el servicio de transporte público de forma regular, por lo que se procedió a la detención en flagrancia, siendo este un servicio público y subsidiado con fondos del Estado”, indicó la FGR.
Durante el 5 de mayo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la detención de Genaro Ramírez, presidente de la Asociación de Empresarios de Autobuses Salvadoreños; Alex Sorto, presidente de la Mesa Nacional de Transporte; Abel Reina, empresario del sector transporte; José Alejandro Arriaza, vicepresidente de la ruta 202 de Ahuachapán y Nelson David Moreno, empresario de la ruta 79 de La Libertad.
Posteriormente, el 6 de mayo, la Policía dio a conocer las capturas de Napoleón Humberto Cárcamo López, empresario de la ruta 38, de Apopa; Ángel Monroy Cabrera, empresario de la ruta 38D, de Apopa; Rutilio Guardado Ferrer, empresario de la ruta 49, de Soyapango; José Roberto Cuéllar Parada, empresario de la ruta 41D, de Soyapango y Wuilian Ricardo Flores Escobar, empresario de la ruta 54, de La Unión.
Luego, el 7 de mayo, la PNC capturó a los transportistas Nelson Saúl Villalta Platero y Julio Ovestes Mirón Escobar, de las rutas 47 y 48. Cabe mencionar que estas capturas fueron ordenadas por presidente de El Salvador, Nayib Bukele, a raíz de que los empresarios se negaran a prestar el servicio de forma gratuita, una medida que fue implementada por el Ejecutivo a nivel nacional como alternativa al cierre temporal en la carretera de Los Chorros, debido a derrumbes en las obras del Viaducto que se está construyendo en esa importante vía.